Los medios de comunicación se han convertido en ámbitos
privilegiados de espacio público, información, propaganda, publicidad y
consenso. Su formidable capacidad de difusión les confiere inevitable
omnipresencia y es justamente allí donde radica su debilidad más notoria; esto
se debe a que están destinados a servir a la sociedad, de la cual toman su
razón de ser, pero no necesariamente la expresan, es decir, no la comunican
El carácter neoliberal con el que se gerencia en la
actualidad los medios de comunicación social, reproduce el sistema ideológico
con el que se han de manipular las masas, haciéndoles creer que participan en
términos de opinión así como en la solución de problemas de sus comunidades,
cuando realmente se le está dando al Estado un carácter megalómano para la
solución de dichos problemas, reduciendo el carácter real de la participación
en la conformación de opinión pública, a través de simples mensajes de carácter
exclusivamente declarativos
La opinión pública es el conjunto de ideas que pueden
expresarse en la esfera de lo público sin miedo al aislamiento o a la coacción
dado que para ejercerla, es necesario detentar algún tipo de poder. Se entiende
de esta manera, que la formación de la opinión pública es un fenómeno social
que se genera al amparo de la comunicación política, mientras que los medios de
comunicación constituyen cualquier objeto que hace las veces de vía para
conducir la información, en este caso opinión, de un sujeto a otro.
Los medios son el primer y principal instrumento, no sólo
de interacción de opiniones individuales, sino vehículo de difusión de
opiniones asumibles por individuos carentes de una postura sobre muchas
cuestiones de la realidad circundante.
La realidad es otra porque el miedo ha dado origen a una esclavitud participativa debido a la inconsistencia de la información, fundamentada en el “rumor”, en la “verdad relativa” de la acción social, planteada por Habermas, reconocida por Chomsky y de la cual no escapa Latinoamérica. De esta manera es posible constatar que quienes consideran manipulada su opinión pública en función de los intereses del “coloso del norte” y representados por los sectores neoliberales de la región, son quienes controlan la articulación de la opinión a través de los medios, pues, son ellos quienes la editorializan en las llamadas sociedades democráticas.
Las opiniones sólo generan acciones que están controladas por los grupos de poder, por cuanto las masas no tienen autonomía organizativa respecto a las instituciones. El Estado, como democracia de masas, exige la creación de una opinión pública con el objeto de que pueda hacerse efectivo un proceso permanente de formación de criterios y de voluntad como correctivo y garantía de libertad del ejercicio del poder y del dominio (Habermas, 1987).
La opinión pública creada por los medios aborda los
siguientes contenidos: la tematización (¿qué hay que pensar?), la
categorización (¿cómo pensarlo?) y la jerarquización (¿qué valor concederle?).
Este esquema supone la creación de una imagen –modelo, metáfora– del mundo que
incluye toda una «opinión» sobre necesidades, valores, experiencias, creencias
y expectativas. Es conveniente señalar que Chomsky (1991), establece que los
medios están al servicio del poder estatal y empresarial, dada su dependencia
económica (publicidad) y su capacidad de difusión, de modo que limitan los
términos del debate que pueden originar los hechos, haciendo una información
que acaba por apoyar al poder establecido
Los medios son, entonces, «fabricantes de consentimientos », porque están comprometidos con el orden social del que son beneficiarios, y fomentan la indiferencia y la apatía política impidiendo el pensamiento y la acción independientes de las masas. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse con las estructuras institucionales de la sociedad.
La democracia se entiende como un proceso histórico con fases de transición, consolidación y persistencia analíticamente distintas, aún si empíricamente son superpuestas según lo plantean O’Donell y Schmitter, citados por Lynn Karl (1991).
En los regímenes autoritarios, el tratamiento que se da a la información y a los propios medios es sistemáticamente de control y de una rigurosa supervisión que marca las tendencias, o líneas del contenido y programación de los medios. En dichos regímenes, el poder económico se encuentra concentrado en una minoría vinculada con las fuerzas políticas estatales, y en consecuencia, los medios, al pactar con el poder público y el poder económico, monopolizan el espacio público de intercomunicación e intercambio, mediatizando la opinión pública, (Carbonel, 2000).
Dahi (1992) consideró dos elementos básicos de un sistema
democrático: Libertad de expresión, que se traduce en que los ciudadanos tienen
el derecho a expresarse, sin correr peligro de sufrir castigos severos, en
cuestiones políticas definidas con amplitud, incluida la crítica a los
funcionarios públicos, el gobierno, el régimen, el sistema socioeconómico y la
ideología prevaleciente.
Los medios de comunicación en una sociedad democrática
cumplen con las siguientes funciones:
a) producir
información, cultura, educación y entretenimiento que contribuya a la formación
de una cultura cívica;
b) supervisar y
vigilar la gestión y organización del poder público;
c) servir al interés público de los ciudadanos;
d) difundir dicha información y convertirla en atractiva
para la audiencia.
Por estas razones, el Estado, debe ser garante del cumplimiento ético de estos principios democráticos, que en pocas palabras, regulan la formación equilibrada de una opinión pública, en búsqueda del fortalecimiento del estado de derecho, sea para impedir los abusos o para anular actos contrarios a las normas establecidas.
La interacción en un sistema de carácter democrático,
funciona por medio de la promoción de intereses y éstos se disipan generalmente
en los medios de comunicación
A través de los medios de comunicación se canaliza el grado de influencia sobre la opinión pública.
Los nuevos recursos comunicativos como la Internet, la telefonía inalámbrica, la comunicación satelital, entre otros, no anulan el carácter ni las prácticas autoritarias de los medios masivos convencionales pero constituyen contrapesos, a veces significativos, delante de ellos. La otra gran fuente de exigencias delante de la televisión, la radio y la prensa (la cual en comparación con los medios electrónicos tiene audiencias numéricamente modestas, pero cualitativamente importantes) es el afán de los núcleos sociales más activos para valorar los mensajes de los medios e incluso, para replicar delante de ellos
En otros casos, los mismos medios distorsionan los
asuntos públicos al manejar su difusión con parcialidad o sensacionalismo,
especialmente cuando sienten que sus intereses económicos están siendo lesionados
con una mayor regulación por parte del Estado.
La existencia de reglas para la comunicación no significa limitaciones para la libertad de expresión. Al contrario, el derecho de la información tiende a reconocer que, sin normas, esa libertad queda solamente en manos de quienes tienen recursos o prerrogativas para poseer o manejar a su antojo medios de comunicación
El acceso a nuevas tecnologías de manera creativa y
reglamentación de los derechos de la sociedad ante los medios, son parámetros
capaces de propiciar una diversidad de emisores y una cultura crítica delante
de la comunicación que no suelen existir en los países en donde la regulación
de los medios es débil, o se aplica escasamente. La existencia de
normas y mecanismos capaces de reivindicar el interés de la sociedad tiende a
hacer que los medios sean, en el sentido más ambicioso del término, auténticos
espacios de comunicación, es decir, con interacción de ida y vuelta y no
solamente de información y propaganda.
Bibliografia:
Revista
Venezolana de Ciencia Sociales, UNERMB vol. 8 no 2, 2004
